Tras el descubrimiento de las reservas de gas de Camisea por parte de la empresa estadounidense Shell, allá en el año 1984, todo la ciudadanía pensaba que este importante hallazgo sería el vehículo que permitiría el desarrollo del país, que abarataría el precio de los combustibles, que permitiría el uso de un combustible limpio que no atente contra el medio ambiente y, principalmente, que aseguraría la demanda interna energética durante muchos años. Sin embargo, nada de ello sucedió y ahora al haber transcurrido más de 20 años del importante hallazgo gasífero, diferentes especialistas, congresistas y la sociedad civil critican el desventajoso contrato para los intereses nacionales que el Estado firmó con las empresas que explotan el gas de Camisea, así como otros yacimientos en la costa norte del país.
Según el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zanconetti, una de las múltiples irregularidades que realizó el Estado se dio allá en el año 1991, durante la gestión de Jaime Quijandría Salmón como presidente del directorio de PetroPerú quien planteó la entrega de lotes llamados marginales -principalmente en el noroeste del país- al sector privado en razón de los altos costos de producción, esto con el argumento de “modernizar PetroPerú”. Sin embargo, advierte Manco esta concesión favoreció a las empresas privadas -nacionales e internacionales- que recibieron yacimientos con reservas probadas de gas y por el que pagaron al fisco un ínfimo dinero por regalías. “Estas empresas no pagaron nada al Estado por las reservas probadas de gas en los yacimientos concesionados”, cuestiona el especialista.
En la costa norte del país -Piura, Talara, entre otros- hay 10 lotes gasíferos que son administrados por siete empresas, las cuales pagan montos diferentes por regalías al fisco “de acuerdo a su negociación o acercamiento que tienen con el Estado”. Pero todas no aportaron “ni un sol” por la reservas probadas de gas que tenía su yacimiento al momento de ser concesionado.
Favoritismos
El lote I que es administrado por Graña y Montero paga una regalía de 25.56%, y el resto (74.49%) determina los importantes ingresos y utilidades de la empresa. Solamente en el año 2008 facturó ingresos por 71 millones de dólares con utilidades netas de 18 millones. Por el contrario, la petrolera de la Universidad Nacional de Ingeniería Unipetro que opera el lote IX contribuye con el fisco con una regalía equivalente de 63.54%, quedando un 36.46% para sus ingresos y utilidades.
Así, mientras Graña y Montero se queda con 74.49% del valor de la producción fiscalizada Unipetro concentra apenas el 36.46% del valor de la producción. De allí la necesidad de renegociar los contratos de hidrocarburos en mejores condiciones para el país.
Sin embargo, las empresas que operan el lote II, III, IV Petrolera Monterrico de capitales nacionales e Interoil de capitales noruegos no solamente están pagando las más altas regalías en el sector de hidrocarburos con tasas del 51.40%, 47.40% y 47.20%, respectivamente. Es decir, que de cada 100 barriles, el fisco percibe casi la mitad por concepto de regalías.
“En cambio extraña el favoritismo a la empresa estatal de la China Popular que opera el lote VI/VII con una decreciente producción, y una bajísima tasa de regalía efectiva del 15.80% al igual que Petro Tech (16%) donde tampoco abonaron suma alguna por las reservas probadas que recibieron de PerúPetro. A ello debiera sumarse la canibalización de los equipos, el maltrato de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, y la succión de las reservas probadas de crudo por parte de muchas de estas empresas dedicadas a la explotación gasífera”, indica Manco.
Renegociar contratos
Para Manco Zanconetti todas estas irregularidades que se dieron en torno a los contratos de Camisea forman parte de la “historia negra” de la industria del petróleo en la fase explotación, en la que el Estado debe responder por la transferencia de lotes de hidrocarburos con reservas probadas a “tasas de regalías miserables”
“Es necesario renegociar los mencionados contratos, pues las condiciones económicas, políticas y sociales han cambiado. De allí que para la extensión de los contratos debiera haber un pago al Estado por las reservas probadas, al margen de las regalías abonadas y los compromisos de inversión pactados. Los altos precios internacionales del petróleo y gas exigen que las empresas paguen al fisco por las reservas si es que se pretende la prórroga”, concluye el investigador.
“Graña y Montero petrolera es una empresa que goza de las preferencias al más alto nivel de los poderes de turno, a pesar que maltrata a sus trabajadores. Incrementó los volúmenes de reservas probadas, probables y posibles, por ello debe que pagar por las reservas probadas antes de cualquier prórroga contractual”, indica Manco. La Primera.
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