lunes, 26 de abril de 2010

♣ EL DERECHO A PROTESTAR POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA

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Islay: la “ínfima minoría” tiene razón
Por Rodrigo Montoya Rojas
La Primera.

La tregua de 90 días en Islay pone en evidencia la lógica del bien estar de la economía, el malestar del pueblo, su derecho a protestar, el hábito del presidente para insultar y descalificar a quienes no piensan como él, la toma de carreteras como medio de presión, la amenaza de represión y la represión misma con 70 muertos en este régimen y cerca de 300 en las cárceles en 1986, la crítica feroz de los medios parametrados a quienes osan cuestionar la sacrosanta inversión para el supuesto desarrollo del país, el diálogo aceptado a regañadientes, la sonrisa del acuerdo coyuntural y la teatral alegría de los mismos medios que saludan el diálogo y se comen un sapo más, sin rubor alguno. Luego, recomienza el ciclo, como si nada hubiera pasado antes.

La protesta de Islay tiene que ver con un problema de decenas de años, tantos como la presencia de la Southern en la región, con su inmenso daño al medio ambiente, y sus ganas enormes de seguir acumulando riqueza con su sueño de la “Tía María”. Las movilizaciones del pueblo que sufre la contaminación y la falta de agua han sido y son muchísimas. Con su enorme capacidad para insultar y menospreciar, el señor Alan García llamó “ínfima minoría” y “terroristas viales” a ese pueblo que lo cuestiona, como antes llamó “perros del hortelano” a los amazónicos que defienden sus territorios, lenguas, culturas e identidades. Corresponde a los gobiernos, particularmente al actual, la responsabilidad de la toma de carreteras como nuevo medio de presión para dialogar y llegar a acuerdos.
Ocurre que esa “ínfima minoría” y esos “terroristas viales” son en realidad la mayoría y tienen razón en protestar. Nos dan el ejemplo en defender a la naturaleza, pensar en el aire que respiramos y el agua que necesitamos. Que la empresa no toque el agua del subsuelo ni la del río para que no ocurra la tragedia de Ica. Allí los misioneros y beneficiarios de la agricultura de exportación cavaron centenares de pozos, muchos de los cuales ya se secaron. Más temprano que tarde volverá el desierto, si no se cambia radicalmente de rumbo.

El otro tema de fondo es saber qué gobierno será capaz de volver a negociar los términos de los contratos con las empresas multinacionales para asegurar que por lo menos el 80 % de la riqueza producida sirva al Perú y no se vaya fuera. Muy cerca, en Bolivia, los empresarios extranjeros aceptaron otras reglas del juego, dejaron de llevarse el 82 % y se conformaron con el 18 %. Para atreverse a cambiar las reglas se requiere tener un proyecto nacional, mucho de dignidad y coraje, elementos que no conocemos en los gobernantes peruanos.

Las partes acordaron en Islay una tregua de 90 días. El gobierno tuvo que dar marcha atrás y comerse nuevos sapos. Felizmente no mató a nadie. Cometería un gravísimo error si intentase imponer el proyecto de la Southern como si nada hubiese ocurrido. Esa “ínfima minoría” y esos “terroristas viales” son en realidad la mayoría y tienen razón para seguir protestando.



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